
La legalización del servicio de transporte en plataformas digitales
La legalización del servicio de transporte de las plataformas, permitirá a las autoridades regularlas y garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad y privacidad, (debido a que los vehiculos privados prestan un servicio de transporte público). El objetivo es mejorar las condiciones laborares y proteger a los conductores, usuarios y autoridades de posibles abusos y fraudes.
Además, la legalización del servicio de transporte en estas plataformas, brindará oportunidad a los conductores de acceder a beneficios sociales como la seguridad social. (ARL, EPS, Pensión, caja de compensación)
La propuesta de la LIGA también incluye el cobro de impuestos por parte del servicio a las plataformas de transporte. Esto generaría ingresos para el Distrito, contribuyendo al desarrollo de la movilidad sostenible.
La propuesta de la LIGA es trasversal, combate la inseguridad, fomenta la transparencia y la sostenibilidad de las plataformas de transporte digital.
Política pública para la chatarrización de los vehículos obsoletos contaminantes y subsidios para la compra de vehículos eléctricos a conductores en pro de una movilidad sostenible en Bogotá
Subsidios para la compra de motocicletas electricas para los conductores que prestan el servicio en moto através de plataformas de movilidad.
Las plataformas de transporte llevan más de una década funcionando en el país de manera ilegal el servicio, sin que haya existido una verdadera voluntad política para la legalización. “LOS BOGOTANOS DECIDIRAN EL FUTURO DE LAS PLATAFORMAS” Por lo tanto este limbo a originado inseguridad y menoscavo de las condiciones laborales de los conductores, la LIGA liderará el mecanismo de participación ciudadana mediante la CONSULTA POPULAR.
“La Constitución Política de Colombia establece que las consultas populares se pueden convocar para que el pueblo decida sobre asuntos de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local (artículo 103).”
La consulta popular sería vinculante, lo que significa que la decisión del pueblo sería obligatoria la regulación del servicio para las autoridades.